Thomas Piketty: “la urgencia absoluta consiste en tomar la medida a la crisis y hacer todo lo posible para evitar lo peor”

Thomas Piketty es autor de Capital e Ideología (Deusto, 2019)

¿La crisis epidémica Covid-19 va a precipitar el fin de la mundialización mercantil y liberal, y la aparición de un nuevo modelo de desarrollo más justo y sostenible? Es posible, pero nada está decidido.

Por el momento, la urgencia absoluta consiste en tomar la medida a la crisis y hacer todo lo posible para evitar lo peor, una hecatombe de masas.

Recordemos las predicciones de los modelos epidemiológicos. Sin intervención, el Covid-19 podría haber causado la muerte de unos 40 millones de personas en el mundo, de las cuales 400.000 en Francia, alrededor del 0,6% de la población (más de 7.000 millones de personas en el mundo, cerca de 70 millones en Francia). Esto equivale a casi un año de mortalidad adicional (550.000 muertes anuales en Francia, 55 millones en todo el mundo).

En la práctica, en las regiones más afectadas y durante los meses más duros, el número de fallecimientos podría haber sido entre cinco y diez veces superior a lo habitual (lo que lamentablemente ha comenzado a verse en algunas áreas de Italia).

Por inciertas que sean, estas predicciones son las que han convencido a los gobiernos de que no se trataba de una simple gripe y que era necesario confinar urgentemente a la población.

En realidad, nadie sabe muy bien cuáles serán las pérdidas humanas (a 19 de abril, según datos de la Johns Hopkins University, el número de fallecidos en todo el mundo ascendía a 165.903 personas, de las cuales 40.661 en EEUU, 23.660 en Italia, 20.453 en España y 19.718 en Francia) y hasta dónde se habrían elevado sin confinamiento. 

Los epidemiólogos esperan que el balance final de fallecimientos se divida por diez o veinte en comparación con las previsiones iniciales, pero la incertidumbre es considerable. Según un informe publicado por el Imperial College el 27 de marzo, sólo una política masiva de tests y aislamiento de las personas infectadas permitiría reducir significativamente las pérdidas humanas. O, dicho de otro modo, el confinamiento no será suficiente para evitar lo peor.

El único precedente histórico al que aferrarse es la gripe de 1918-1920, de la que ahora se sabe que no tenía nada de española y que causó cerca de 50 millones de muertes en todo el mundo (alrededor del 2% de la población mundial en ese momento). A partir de estadísticas de los registros civiles, se ha demostrado que la mortalidad media ocultaba enormes disparidades: entre el 0,5% y el 1% en Estados Unidos y Europa, frente al 3% en Indonesia y Sudáfrica, y más del 5% en India.

Es precisamente esto lo que debería preocuparnos: la epidemia podría dispararse en los países pobres, cuyos sistemas de salud no están en condiciones de hacer frente a la crisis, tanto más cuanto que han tenido que soportar las políticas de austeridad impuestas por la ideología dominante de las últimas décadas.

Asimismo, el confinamiento aplicado a los grupos sociales más frágiles podría resultar totalmente inadecuado. A falta de una renta mínima, los más pobres pronto tendrán que salir a buscar trabajo, lo que hará rebrotar la epidemia. En India, el confinamiento ha consistido principalmente en expulsar de las ciudades a la población rural y a los migrantes, lo que ha dado lugar a episodios de violencia y a desplazamientos masivos, con el riesgo de agravar la propagación del virus. Para evitar una hecatombe, necesitamos al Estado social, no al Estado carcelario.

En lo inmediato, los gastos sociales esenciales (salud, renta mínima) sólo podrán financiarse mediante préstamos y liquidez.

En África occidental, es una oportunidad para replantearse la nueva moneda común y ponerla al servicio de un proyecto de desarrollo centrado en la inversión en la juventud y en las infraestructuras (no al servicio de la movilidad del capital de los más ricos). Esto tendrá que hacerse sobre una arquitectura democrática y parlamentaria más acertada que la opacidad aún vigente en la zona euro (donde las reuniones de los ministros de finanzas siguen celebrándose a puerta cerrada, con la misma ineficiencia que en la época de la crisis financiera internacional).

Más pronto que tarde, el nuevo Estado social exigirá una fiscalidad justa y una contabilidad financiera internacional, para que las personas más ricas y las grandes empresas puedan contribuir tanto como sea necesario.

El actual régimen de libre circulación de capitales, puesto en marcha a partir de 1980-1990 bajo la influencia de los países ricos (en particular de Europa), favorece de hecho la evasión de multimillonarios y multinacionales de todo el mundo. Impide que las frágiles administraciones tributarias de los países pobres desarrollen una fiscalidad justa y legítima, lo que socava gravemente la construcción del Estado.

Esta crisis puede ser una oportunidad para reflexionar sobre una dotación mínima de servicios de salud y educación para todos los habitantes del planeta, financiada con un derecho universal —de todos los países— sobre una parte de los ingresos fiscales pagados por los agentes económicos más prósperos: las grandes empresas y los hogares con mayores ingresos y patrimonios; por ejemplo, los que superen diez veces la media mundial (el 1% más rico).

A fin de cuentas, esa prosperidad se debe a un sistema económico mundial (y eventualmente de la explotación desenfrenada de los recursos naturales y humanos del mundo desde hace varios siglos). Necesita, por lo tanto, una regulación mundial para garantizar su sostenibilidad social y ecológica, incluyendo en particular la puesta en marcha de un mapa de emisiones de carbono que prohíba las emisiones más elevadas.

Ni que decir tiene que una transformación de este tipo necesita un gran replanteamiento. Por ejemplo, ¿están Emmanuel Macron y Donald Trump dispuestos a cancelar los regalos fiscales concedidos a los más ricos al inicio de sus respectivos mandatos? La respuesta dependerá de la movilización tanto de la oposición como de su propio campo. Podemos estar seguros de una cosa: los grandes cambios políticos e ideológicos no han hecho más que empezar.

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